Funcionarios del Poder Ejecutivo asistieron en la mañana de éste jueves al inicio del histórico juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén, que tiene como querellante al estado chaqueño. Así, a más de 35 años del hecho, comienza la búsqueda de la justicia para las víctimas y castigo para los responsables de la muerte de más de 20 personas detenidas en forma ilegal durante la última dictadura militar.
“Estamos a la puerta de una instancia histórica y única: la de poder juzgar genocidas que se llevaron la vida de jóvenes que luchaban y creían en un modelo de país similar al que estamos transitando, con políticas de inclusión, de trabajo para todos los argentinos” sostuvo el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini.
El Subsecretario de Derechos Humanos José Luis Valenzuela, advirtió que la sociedad chaqueña se merece la acción de la justicia para que los responsables paguen por sus crímenes que durante la última dictadura militar se cobraron la vida de 30 mil argentinos desaparecidos y más de 15 mil presos políticos y generaron una deuda de 40 mil millones de dólares de deuda externa.
Valenzuela es uno de los 150 testigos iniciales de la causa, número que se irá acrecentado a medida que se desarrollen las declaraciones. También estuvo presente la presidenta del Instituto de Cultura Silvia Robles y demás funcionarios provinciales que desde muy temprano ingresaron al recinto judicial federal para participar del segundo juicio a genocidas que comienza en el Chaco.
LO QUE OCURRIÓ AQUEL 13 DE DICIEMBRE
Los hechos que se juzgan ocurrieron el 13 de diciembre de 1976, en plena dictadura militar cuando un grupo de presos políticos fueron sacados de la Alcaidía Policial y de la Cárcel U 7 de Resistencia para ser trasladados a un penal de Formosa, operativo al que se denominó "encubrimiento rojo".
En medio del traslado, se fraguó un intento de fuga de los detenidos, que previamente fueron torturados hasta casi matarlos en la Alcaidía policial. Según consta en el Informe Final de la Cámara de Diputados de Chaco, los presos políticos fueron fusilados a mansalva por un grupo integrado por militares, policías y miembros civiles del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE).
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