LA ARGENTINIDAD SIN LÍMITES


Uno de los dilemas a resolver en un apunte económico es que lenguaje utilizar. ¿El académico? ¿El lenguaje de las amas de casas, del almacenero, del tachero? Sea como sea, el académico y el almacenero coinciden en las fotos que sintetizan una época. Si yo me pregunto, ¿cuál era el problema económico de los fines del ochenta? La respuesta emerge natural: “La Hiperinflación”. Si me pregunto, cual era el problema económico de finales de los noventa? La respuesta emerge natural: “La desocupación”. En una década, los argentinos fuimos capaces de resolver la hiperinflación, y también fuimos capaces de generar desempleados. Nos hicimos adictos a los remedios aplicados para sanar a la economía de la hiperinflación.

Desde la hiperinflación al desempleo
Las decisiones económicas son acompañadas de un discurso económico alienador. En los noventa, con la llegada de Carlos Menem, la política fue dejada en un lugar marginal, nos volvimos expertos en “eficiencia estatal”. El proceso hiperinflacionario que secaba los bolsillos no admitía pérdidas de tiempos para discutir si el rumbo definido era el apropiado para la Argentina, ni mucho menos el rol de los organismos multilaterales. El discurso de la escuela de Chicago era “la ultima moda”, y el consenso de Washington la biblia económica que contenía los mandamientos para los fieles gobiernos de los países satélites. Reforma y modernización de estado, Atracción de capitales externos, Promoción de las importaciones y de la sustitución de fuente de financiamiento eran presentados como los pilares sobre la cual se ingresaría en un ciclo de crecimiento económico.

“Nada de lo que deba ser estatal, será estatal” dijo Dromi, y lo repetía Neustadt todos los martes en su “Tiempo Nuevo”, y se puso en marcha la  Reforma y modernización de estado, necesaria en algún sentido pero fue llevada a la práctica sin ningún mecanismo de contención ni escrúpulos. Las empresas estatales eran esos demonios que perturbaban el crecimiento, llegó el programa que forzaba a los retiros voluntarios de empleados de empresas estatales como YPF, las privatizaciones, y pronto el mapa laboral fue vaciándose, padres sin sueldos, hijos haciendo largas colas para entrevistas laborales, lejos de las universidades que para colmo de males estaban bajo amenazas de privatizaciones. El costo social del desempleo era imponente, a valor presente y a valor futuro. La preciada calificación nunca llegó.

La seducción, palabra de moda en esos años. Había que seducir al capital externo para que vengan al país, y claro no hay que capitales que se abstengan de venir cuando se les abre las oportunidades de grandes negocios con las privatizaciones de empresas prestadoras de servicios públicos. Ni mucho menos existen sistemas financieros capaces de eludir esas tentaciones de negocios. Grandes paquetes accionarios a muy bajo costo, y todo por hacer en país supuestamente pobre. No había política de desarrollo territorial que permita aprovechamientos de las ventajas comparativas.

Otro de los cuentos económicos de esos años era que la apertura de la economía  era para reducir los precios al consumidor de bienes y servicios. Y quien se atrevería a discutir eso en un país que salía de la hiperinflación. El peso apreciado respecto al Dólar hacía que las economías foráneas sean competitivas en nuestro mercado local, y naturalmente hacía tambalear a nuestra industria nacional. Mientras comprábamos azúcar a 0.35 ctvos de pesos, cientos de trabajadores eran empujados hacia la colonia de desocupados.

Sustituir la fuente de financiamiento para controlar la hiperinflación fue un recurso aceptable en el marco de un país que no se cansaba de emitir billetes pero la piola del endeudamiento se fue alargando a extremos no aconsejables. El Estado, puso en situación desventajosa al sector privado en la carrera de búsquedas de financiamientos para sus proyectos de inversión. La gran demanda de financiamiento del sector publico, aumentaba la tasa de interés activa que desalentaba cualquier proyecto de inversión del empresariado local, y por lógica inercia económica, afectaba la creación de fuentes de empleos.

Las políticas noventistas, en una primera etapa, generaron crecimiento económico que nos repuso de la paliza hiperinflacionaria. En ese contexto no pensábamos cuales eran los costos económicos, políticos y sociales. Un modelo económico es una representación simplificada de la realidad económica, y esto nos daba fuga de capitales, proceso de desinversión, masivo desempleo, colapso del sistema de salud, y auditoria permanente del FMI. Ese modelo estaba agotado, aún cuando desde el gobierno de radicales-frepasistas se empeñaron en sostenerlo clavándole un puñal al corazón de la propiedad privada con el “corralito”.

Desde el desempleo a la amenaza de la inflación 


Y ahora tenemos otro modelo económico que va curando las heridas que dejó el neoliberalismo. El superávit gemelo es un pilar de este modelo, alguna vez alguien tendrá la difícil misión de explicar como es eso que un gobierno populista tenga superávit fiscal. Las reservas internaciones resurgieron de las cenizas al ritmo del superávit comercial, el estado inyecta fondos en el circuito económico mediante transferencias sociales directas, inversiones en obras publicas, no hay creaciones de impuestos. La conflictividad social se redujo a la par de la reducción del desempleo, el multimonetarismo desapareció, se inició un proceso de desendeudamiento. Pero claro, este modelo también tiene límites, y el desafío está en identificar los momentos para proceder a un ajuste fino de las variables que lo componen. La economía viene en crecimiento desde hace varios años, el aumento de las exportaciones nos dio beneficios importantes como para mantener un tipo de cambio competitivo, la optimización del sistema recaudatorio alimentó de fondos para afrontar el incremento del gasto público. El comercio exterior ofreció saldos positivos en el flujo de divisas, algunos dicen que esto es producto del viento de cola pero sea como sea para aprovechar la inercia del viento de cola se requiere de un buen piloto. Este gobierno, intentó redistribuir las rentas extraordinarias de los sectores agroexportadoras, pero se desató un conflicto que tiene más penas que glorias, quienes se beneficiaron con la devaluación del peso no aceptaron que había llegado de profundizar las miradas en el comportamiento de la oferta y demanda en el mercado interno.  
Los argentinos demostramos que somos capaces  de curarnos de males como la hiperinflación primero, y luego del desempleo masivo. Resta saber, si somos capaces de evitar que los remedios utilizados sean la causa de nuevos problemas. Debemos aceptar que los modelos tienen límites, y que en determinados momentos debe iniciar un proceso de ajuste fino que no es ajuste en el gasto publico ni enfriamiento de la economía ni nada de esas cuestiones ortodoxas, sino retoques en las variables que componen un modelo macroeconómico.

Por. Cr César López
Abrapalabras

EL GOBIERNO PROYECTA CONCLUIR A FIN DE AÑO UNAS 1.500 CUADRAS DE PAVIMENTO URBANO


El ministro de Infraestructura, Omar Judis, adelantó este miércoles que se espera concluir para fin de año la ejecución de 1.500 cuadras de pavimento urbano, del programa que estipula la construcción de 2.000 cuadras en toda la provincia. En tanto, para 2010 se adicionarán otras 1.000 cuadras.
El titular de la cartera responsable de la implementación del Programa “Pavimento Urbano para Municipios” destacó que el mismo alcanza a todas las localidades del Chaco. En este sentido, aseguró que ante la voluntad política del gobernador Jorge Capitanich de que “hasta los pequeños pueblos del Chaco tienen derecho a mejorar su calidad de vida”, este programa representa un subsidio no reintegrable que la Nación garantiza a través del PROMHIB e incluye a todas las localidades de Chaco.
Para este año, la Provincia tiene la aprobación y se encuentran en plena ejecución unas 2.000 cuadras de pavimento urbano. A estas cifras se sumarán otras 1.000 cuadras adicionales que serán ejecutadas el próximo año. Los avances que se registran en el desarrollo de las obras - un 60% en el balance global – hacen prever que al concluir 2009 estarían terminadas las primeras 1.500 cuadras de pavimento urbano.
Judis indicó que este programa tiene planificado su continuación en 2010 y 2011 con las perspectivas de alcanzar entre 5.000 y 6.000 cuadras pavimentadas al terminar esta gestión de gobierno.
Este programa tiene un componente fundamental que es la posibilidad de generar una gran ocupación de mano de obra por cuadra pavimentada en los lugares en los que se desarrolla. Esto – según el ministro – permite paliar la complicada coyuntura económica en que se encuentra inserta la provincia a raíz de la crisis mundial y la sequía que afecta sobre todo a las localidades del interior, generando mano de obra y ocupación, lo que a su vez repercute en el consumo y la dinamización económica de los municipios.

EL FEDERALISMO, UNA CUESTION DE PRINCIPIO



La Ley 23.548 de coparticipación federal que está vigente fue dictada en 1.988. Desde 1.991 se firmaron Ocho pactos fiscales entre la Nación y las provincias, una de Responsabilidad fiscal, y la ley de Impuestos a los débitos y créditos bancarios. En este 2009 se cumplen 15 años sin el dictado de la nueva ley de Coparticipación Federal prevista en la reforma constitucional de 1994, y que debía aprobarse (artículo 75°, incisos 2 y 3 y disposición transitoria, 6ª) antes de terminar 1996.

La vieja y vigente Ley de Coparticipación Federal estableció que del total de los recursos el 42,34% son para la Nación, el 56,66% para las provincias, y el 1% restante sería distribuido como Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero además estableció en su Artículo 7, una cláusula de garantía de federalismo fiscal. El monto a coparticipar para las provincias "no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley". En los últimos años, este Monto Mínimo de coparticipación, no se alcanzó. Por ejemplo, para el primer cuatrimestre del presente año, las provincias tuvieron recursos equivalentes 23,66% del total recaudado, es decir un 10,34% menos de lo exigido por el Articulo 7 de la Ley 23.548/88.

Las provincias son preexistentes a la Nación pero eso no contribuye a eludir la centralización. Las asimetrías son notorias. La Región NEA, por ejemplo, sigue sin poder subirse al tren federal del Gas natural. El gasoducto sigue enredado en los papeles, haciendo que los costos de producción no sean competitivos para el impulso de una industrialización que agregue valor en origen a las tantas materias primas que se producen en estos lares.

Es cierto que además de la coparticipación de impuestos, llegan inversiones de obras públicas, y subsidios para la población excluida; pero esto depende de las voluntades de cada gobierno nacional. El margen de maniobra presupuestaria de los gobiernos provinciales y municipales, se limita en muchos casos, al pago de los salarios a los empleados públicos, y al pago de los servicios de las deudas contraídas.

Bajo este régimen, la dependencia de las provincias es abrumadora, su autonomía es tambaleante. Los gobiernos nacionales fortalecen su poder en detrimento de los gobernadores. Las restricciones presupuestarias de las provincias las exponen a sometimientos que por organización de nuestra constitución de 1.853 no deberían existir.

Los desequilibrios financieros de las provincias podrían reducirse si se cumplen con el Art. 7 de la Ley 23.548 con más la coparticipación del 100% de los impuestos a los débitos y créditos bancarios en vez del exiguo 30% que actualmente reciben.


No se trata de exigir que cada provincia recaude sus impuestos porque allí entraríamos en una falacia impracticable, pero sí de asegurar que el reparto de los fondos recaudados por la sociedad Nación-Provincias se ajuste equitativamente bajo los criterios inalienables e irrenunciables del federalismo.
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Cr. César López
Abrapalabras

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